Uno de los mayores obstáculos para alcanzar la seguridad alimentaria es la pérdida y desperdicio de alimentos. Cada año, hasta un tercio de los alimentos producidos en el mundo para consumo humano se pierde o desperdicia, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).
Centroamérica es una región con condiciones favorables para el sistema agroalimentario pero que también tiene a 8.4 millones de sus habitantes en una situación de emergencia alimentaria, según el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias 2022. Eso significa que viven una situación extrema de inseguridad alimentaria y requieren asistencia urgente.
Acabar con el hambre en el mundo parece un objetivo inalcanzable, pero las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que participan en el sistema agroalimentario tienen ventajas que pueden aprovechar para ofrecer soluciones a este desafío mundial.
La región de América Latina y el Caribe produce una amplia variedad de cultivos de alto valor global, desde los alimentos tradicionales como el cacao, el café y el azúcar, hasta las frutas orgánicas, quinua, amaranto y acai. Pero la falta de información y mecanismos de apoyo dificultan el acceso a las cadenas agroalimentarias de alto valor.
Fuertes exigencias como la propuesta por los Estados Unidos a través del acta de bioterrorismo o la ley de trazabilidad de la Unión Europea, han cambiado el panorama para los pequeños y medianos productores que desean exportar. Sin embargo, detrás de estas nuevas reglamentaciones existen oportunidades.
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