Estos enfoques proponen ir más allá de los subsidios tradicionales y enfrentar directamente las distorsiones del mercado inmobiliario. A través de herramientas como la zonificación inclusiva, la movilización de activos públicos, los impuestos progresivos y los planes parciales, los gobiernos pueden incentivar al sector privado a desarrollar vivienda social en áreas bien conectadas y con servicios. Los casos de Brasil y Colombia muestran cómo una política de suelo activa y reguladora puede ampliar la oferta habitacional sin profundizar la segregación urbana, promoviendo entornos más equitativos y sostenibles.
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